Por Guillermo Espejo
Hay victorias que suenan a fanfarria y, sin embargo, se parecen más a una ilusión óptica. La reciente resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba, que obliga a LaLiga y a Telefónica a poder exigir bloqueos dinámicos de direcciones IP a servicios como NordVPN y ProtonVPN, ha sido presentada como un golpe histórico contra la piratería.
No lo es. Es, en el mejor de los casos, un gesto. En el peor, un precedente.
Conviene explicarlo sin tecnicismos innecesarios. Una VPN no es un canal pirata. Es un túnel cifrado que protege la conexión de un usuario. Lo utilizan periodistas para evitar rastreos, abogados para proteger información sensible, empresas para que sus empleados trabajen en remoto, ciudadanos que no quieren que cada clic sea monitorizado. Es una herramienta neutral.
El razonamiento que subyace a esta resolución es sencillo: si algunos usuarios emplean VPN para eludir bloqueos y acceder a retransmisiones ilegales, obliguemos a las VPN a bloquear determinadas IPs. El problema es que Internet no funciona como una verja con un candado. Funciona como una red distribuida donde cada bloqueo genera automáticamente nuevas rutas.
Bloquear IPs es una estrategia que la tecnología deja obsoleta casi en tiempo real. Las direcciones cambian. Los servidores rotan. Aparecen nodos alternativos. El ecosistema se adapta. Siempre lo ha hecho.
Pensar que esta medida acabará con la piratería es como creer que cerrar una puerta en mitad del campo impedirá que alguien lo cruce. El campo sigue siendo campo.
Pero lo verdaderamente preocupante no es la ineficacia técnica. Es el efecto colateral.
Porque cuando se obliga a un intermediario tecnológico a bloquear dinámicamente direcciones IP señaladas por un tercero, se introduce un mecanismo expansivo. Hoy son retransmisiones deportivas. Mañana podrían ser otros contenidos. La frontera se mueve, siempre en la misma dirección: más control, más filtrado, más intervención.
Y aquí aparece una cuestión incómoda que apenas se menciona en los titulares triunfalistas: los daños colaterales ya existen.
Las VPN utilizan infraestructuras compartidas. Una misma IP puede servir a miles de usuarios para fines perfectamente legítimos. Cuando se bloquea, no se desconecta a un “pirata”; se desconecta a todo el tráfico que pasa por esa puerta digital.
En episodios recientes, los bloqueos masivos asociados a retransmisiones deportivas han afectado indirectamente a servicios que nada tenían que ver con el fútbol: tiendas online, plataformas empresariales, sistemas en la nube. En algunos entornos sanitarios, profesionales que utilizan conexiones seguras para acceder a sistemas internos han experimentado interrupciones inesperadas coincidiendo con bloqueos dinámicos.
Imaginemos la escena: un médico que accede desde casa a un sistema hospitalario mediante un túnel cifrado; un profesional que intenta revisar pruebas diagnósticas; un paciente que trata de pedir cita online en plena retransmisión deportiva. Si el proveedor que canaliza ese tráfico ve bloqueada su IP en España durante unas horas, el daño no es retórico. Es operativo.
Y todo ello para combatir un fenómeno que no es técnico, sino económico.
La piratería no existe porque existan VPN. Existe porque el producto es caro, fragmentado y complejo de consumir legalmente. La experiencia nos dio una lección con la música y las series. Cuando aparecieron modelos como Spotify o Netflix, la descarga ilegal descendió. No por persecución masiva, sino por conveniencia.
El usuario dejó de piratear cuando pagar era más sencillo que buscar alternativas.
En el fútbol ocurre lo contrario: múltiples operadores, precios elevados, paquetes fragmentados. El incentivo para buscar atajos permanece intacto. Bloquear IPs no elimina el incentivo; lo desplaza. Y cuanto más se estrecha el cerco, más sofisticadas se vuelven las soluciones de evasión.
Es un fenómeno conocido en seguridad informática: la presión genera innovación adversarial.
Por eso sostengo que esta resolución no reducirá la piratería. Probablemente la hará más compleja, más descentralizada y más difícil de rastrear. Y, mientras tanto, habrá consolidado la idea de que es legítimo intervenir herramientas neutrales para corregir fallos de modelo de negocio.
Se dirá que exageramos. Que se trata solo de proteger derechos audiovisuales. Que los daños colaterales son mínimos. Pero cada ampliación del poder de bloqueo comienza siendo excepcional y termina siendo habitual. La historia regulatoria de Internet es clara en este punto.
El debate no debería ser si el fútbol debe proteger sus derechos —por supuesto que sí—, sino si el camino elegido es eficaz y proporcional. Y si estamos dispuestos a normalizar mecanismos que afectan a la privacidad, a la neutralidad de la red y, potencialmente, a servicios críticos.
Porque hay algo más profundo en juego: la arquitectura de Internet.
Internet nació como una red resiliente, pensada para sobrevivir a fallos. Su fortaleza es su descentralización. Cada intento de centralizar el control en puntos de bloqueo dinámico erosiona esa arquitectura.
No es una cuestión ideológica. Es estructural.
Si mañana otro sector decide que determinada herramienta facilita usos indeseados, ¿aplicaremos el mismo principio? ¿Convertiremos a cada intermediario en un vigilante preventivo?
La tentación de poner puertas al campo siempre será fuerte. Ofrece sensación de orden, de autoridad, de reacción firme. Pero el campo seguirá abierto. Y quienes quieran cruzarlo encontrarán otros caminos.
La pregunta no es si esta resolución es legal. Es si es inteligente.
Y, sobre todo, si dentro de unos años miraremos atrás y entenderemos que, en nombre de una victoria momentánea, debilitamos principios que eran mucho más valiosos que noventa minutos de retransmisión.
Porque cuando la tecnología se usa para simular control, lo que se obtiene no es seguridad. Es fragilidad.
Y la fragilidad, en Internet, siempre acaba pasando factura.
