El gobierno provincial de Albacete sigue apostando por la formación de sus profesionales para avanzar en Igualdad

Redacción

Unas 70 personas vinculadas laboralmente a la institución provincial han participado en la jornada formativa sobre prevención, identificación y actuación ante el acoso sexual y el acoso por cuestión de género en la administración local que Laura Seara ha impartido en la Diputación a través de la FEMP C-LM

El gobierno provincial de Albacete sigue avanzando en materia de igualdad, respondiendo al compromiso que la institución viene demostrando en este ámbito bajo el mandato de Santi Cabañero. Y, de nuevo, la formación ha sido la vía elegida para dar nuevos pasos en la materia.

De la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha y del Gobierno regional, la Diputación ha impulsado un nuevo ciclo de formación que, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se ha dirigido al personal de la institución provincial.

Una cita que, por tercera ocasión, ha traído hasta el Palacio Provincial de Albacete a Laura Seara: experta en Igualdad y en la lucha contra la violencia de género que, entre su bagaje profesional, cuenta con su paso por la Secretaria de Estado de Igualdad.

Con unas 70 personas inscritas (entre ellas, un número muy significativo de hombres), en esta ocasión la jornada de formación ha versado sobre protocolos de prevención, identificación y actuación ante el acoso sexual y el acoso por cuestión de género en la administración local.

El acoso sexual y por razón de sexo, son formas graves de discriminación. Ambos, tienen su raíz en la desigualdad real entre mujeres y hombres. Según el estudio de la Agencia de la Unión Europea de Derechos Humanos, el 55% de las mujeres han sido acosadas sexualmente en la UE. El 32% señala que fue acosada por un superior, colega o cliente. Y el 75% de las mujeres en profesiones que requieren calificaciones o puestos de alta dirección, han sido acosadas sexualmente.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del año 2019, realizada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, del total de mujeres de 16 años o más residentes en España, el 40,4% (8.240.537) han sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas, y el 10,2% (2.071.764) han sufrido este acoso en los últimos 12 meses.

La lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo, en el Plan de Igualdad actual y futuro de la Diputación

Por tanto, éste tema que “a nivel social, se plantea como una necesidad” pero que, como ha explicado la diputada y responsable de coordinar el Área de igualdad en la Diputación, Pilar Callado, “es parte de la ‘hoja de ruta’ del gobierno de Cabañero, siendo un aspecto directamente abordado por el II Plan de Igualdad que la institución tiene actualmente en vigor y un eje clave en el III Plan en el que ya se viene trabajando”, ha subrayado.

Entre las ventajas de poder a disposición de las y los profesionales este tipo de cursos con los que, ha avanzado, desde la institución se seguirá trabajando, Callado ha señalado que ayudan a proteger al personal proporcionándole las herramientas necesarias para detectar y prevenir posibles situaciones de acoso incidiendo, además, en que promover una cultura laboral donde esto sea inaceptable, creará ambientes de trabajo cada vez más seguros, respetuosos y productivos.

En este sentido, Pilar Callado ha subrayado que las administraciones públicas tienen el deber legal de garantizar la seguridad de su personal, señalando que “invertir en el objetivo de proporcionar estas iniciativas formativas, contribuye directamente a reducir el riesgo de litigios derivados de posibles situaciones de acoso”.

Deseando que esta actividad sea “productiva e importante para el bagaje profesional de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación que han decidido participar en ella, la diputada ha puesto en valor el fomento de la igualdad de género en el lugar de trabajo al que contribuyen estas Jornadas, al abordar problemas que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y cuya erradicación los distintos gobiernos, desde lo local a lo estatal, están llamados a liderar en defensa de los Derechos Humanos y de la dignidad personal y profesional.

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