Por José Agustín Solís/ Foto: Unicef
El informe recientemente presentado por Unicef destaca una situación alarmante en lo que respecta a la gestión de los menores migrantes en España, especialmente aquellos que se encuentran sin acompañamiento. Este análisis, titulado «La respuesta de España a la crisis de Ucrania«, fue dado a conocer en un evento dedicado a la protección de la infancia en contextos de crisis humanitarias y migratorias. La investigación revela que, en un periodo de siete años (2016-2022), más de 7,600 niños y adolescentes migrantes se han ausentado de los centros de acogida que están bajo la tutela de las administraciones españolas. Este fenómeno, erróneamente calificado como «fugas» por algunos, es interpretado por Unicef como una consecuencia directa de las deficiencias y la saturación de estos centros, exacerbadas por la ausencia de políticas efectivas para manejar situaciones de emergencia humanitaria migratoria.
El informe no solo se centra en la situación de los centros de acogida sino también en las trágicas realidades de las rutas migratorias hacia España. Refiere datos de la organización Caminando Fronteras, que estima que entre 2018 y 2022, 11,522 personas perdieron la vida intentando alcanzar las costas españolas, de los cuales 385 eran menores de edad. Solo en el primer semestre de 2023, cerca de mil personas desaparecieron en estas peligrosas travesías, incluyendo 49 menores. Ante esta dramática situación, Unicef sugiere la implementación de un mecanismo nacional para la identificación de los fallecidos mediante ADN y otros métodos, así como la creación de un procedimiento para localizar y comunicarse con las familias de las víctimas en sus países de origen.
Además, el informe critica la escasa información proporcionada a los menores no acompañados acerca de sus derechos a solicitar protección como refugiados. A pesar de que en 2022 se presentaron 116,136 solicitudes de asilo en España, solo 95 correspondieron a niños y niñas no acompañados, lo que representa un minúsculo 0.082% del total. Esta cifra pone de relieve una desconexión evidente entre las necesidades de estos menores y las respuestas proporcionadas por el sistema de asilo y protección.
Unicef también expresa preocupación por la falta de personal especializado en infancia y protección en puntos críticos como los muelles de desembarco y los centros de atención humanitaria, donde se detecta un número significativo de presuntos menores de edad. La organización subraya la importancia de contar con especialistas que puedan ofrecer el apoyo necesario desde el momento de la llegada de estos jóvenes.
Otro aspecto crítico señalado en el informe es el procedimiento utilizado para determinar la edad de los migrantes que se presentan como menores. Según Unicef, este método no se ajusta a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y necesita ser reformado. La organización aboga por el reconocimiento de la documentación de identidad válida proporcionada por los jóvenes y advierte contra el uso automático y sistemático de pruebas de edad. Además, insiste en la importancia de considerar la madurez física y psicológica del individuo, evitar métodos basados exclusivamente en evaluaciones médicas con altos márgenes de error, y asegurar la presencia de intérpretes y representantes legales durante el proceso.
Este análisis de Unicef pone de manifiesto las múltiples dimensiones de la crisis migratoria y la necesidad urgente de adoptar enfoques más humanitarios y efectivos en el tratamiento de los menores migrantes no acompañados. La entidad hace un llamado a las autoridades españolas para que implementen medidas que garanticen la protección y el bienestar de estos jóvenes vulnerables, desde su llegada hasta su integración en la sociedad. Este informe no solo busca informar sobre la situación actual sino también impulsar un cambio significativo en la forma en que se aborda la migración infantil no acompañada, con el objetivo de proteger los derechos y la dignidad de cada niño y niña involucrados en estas complejas dinámicas migratorias.
