Redacción
La acumulación de normas, el avance tecnológico y las exigencias de buen gobierno convierten el compliance en un factor estructural de competitividad y estabilidad empresarial
El entorno regulatorio en el que operan las empresas españolas ha entrado en una nueva fase. La superposición de normativas nacionales y europeas, la aceleración tecnológica y la creciente exigencia de transparencia están configurando un marco en el que el cumplimiento normativo deja de ser una función auxiliar para convertirse en una pieza central del modelo de gestión.
«Estamos asistiendo a un cambio estructural: el compliance ya no es un coste defensivo, sino un elemento que condiciona la viabilidad y el crecimiento de las organizaciones», señala Alejandro García Polo, Director de Cumplimiento Normativo del Grupo Gestiona-t.
Este nuevo ciclo regulatorio no se limita a sectores tradicionalmente supervisados como el financiero o el energético. La presión normativa se ha extendido a la industria, la tecnología, los servicios profesionales y, de forma creciente, a las medianas empresas con proyección internacional. A las obligaciones legales clásicas se suman ahora las derivadas de la protección de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o los criterios ESG, elevando la complejidad del entorno empresarial.
Desde Gestiona-t, proveedor especializado en Servicios Corporativos Adaptados, aseguran que este aumento de obligaciones está teniendo un impacto directo en la forma en que las empresas estructuran sus sistemas de control interno y gobierno corporativo.
El resultado es un incremento significativo del riesgo operativo y reputacional. En este contexto, los incumplimientos ya no se perciben únicamente como contingencias legales, sino como factores que pueden afectar a la continuidad del negocio, al acceso a financiación o a la confianza de clientes e inversores.
De la reacción al diseño preventivo
La respuesta de las empresas a este escenario está siendo desigual. Mientras algunas organizaciones continúan abordando el compliance desde una lógica reactiva, otras han iniciado una transformación más profunda, integrándolo en su estructura de gobierno y en los procesos de toma de decisiones.
El papel del compliance officer y de los departamentos jurídicos ha evolucionado en paralelo. Frente al enfoque tradicional centrado en la corrección de incidencias, se impone un modelo preventivo, basado en la identificación temprana de riesgos y en la alineación del cumplimiento con la estrategia corporativa. Esta tendencia, impulsada por estándares internacionales y por las exigencias de los mercados, está redefiniendo el concepto de buen gobierno empresarial.
«Las compañías que integran el cumplimiento en la toma de decisiones no solo reducen riesgos, sino que ganan coherencia y credibilidad frente a terceros», explica Alejandro García Polo, quien destaca que este enfoque es cada vez más valorado por inversores y socios estratégicos.
Un cambio en el mercado de servicios profesionales
La creciente complejidad normativa está teniendo un impacto directo en el mercado de servicios profesionales. Muchas compañías, especialmente aquellas con estructuras internas limitadas, encuentran dificultades para absorber el volumen y la velocidad de los cambios regulatorios. Como consecuencia, se observa un aumento sostenido de la externalización de funciones vinculadas al compliance.
Este fenómeno está dando lugar a nuevos modelos de prestación de servicios, más flexibles y especializados, que complementan a los despachos tradicionales y a los equipos jurídicos internos. El foco se desplaza hacia soluciones adaptativas, capaces de ajustarse al tamaño, sector y grado de madurez de cada empresa.
Entre los servicios más demandados destacan la implantación de sistemas de gestión del riesgo, la supervisión de canales de denuncias, la formación de equipos directivos y la revisión de procesos críticos. Se trata, en esencia, de dotar a las organizaciones de estructuras de control que acompañen su crecimiento sin lastrar su capacidad de innovación.
El compliance como variable económica
Más allá de su dimensión legal, el cumplimiento normativo empieza a consolidarse como una variable económica relevante. Las empresas con sistemas de compliance robustos presentan una mayor estabilidad operativa, reducen su exposición a contingencias y mejoran su posicionamiento ante financiadores, socios estratégicos y administraciones públicas.
En un contexto de incertidumbre regulatoria y presión reputacional, el compliance se configura así como un elemento de resiliencia empresarial. Un activo intangible que, bien gestionado, contribuye a reforzar la confianza del mercado y a sostener el crecimiento a largo plazo.
El debate ya no gira en torno a si las empresas deben invertir en cumplimiento normativo, sino a cómo hacerlo de forma eficiente y alineada con su estrategia. Una cuestión que, en el actual entorno económico, se sitúa en el centro de la agenda directiva.
