Por Marta Cibelina
Se habla mucho de los dueños de montes que no limpian. Se habla menos de lo que cuesta limpiarlos, de quién puede hacerlo y de lo que ese cuidado le ahorra al resto.
Heredé un souto en Pontevedra. Al principio parecía una carga. Acabó siendo una decisión: conservarlo con plantas de aquí, no convertirlo en lo que más rinde a corto plazo. En este vídeo se ve cómo lo limpio y lo mantengo:
La historia completa está en mi blog: La «maldición» de heredar un bosque gallego.
En Galicia la mayor parte del monte es privado. No son grandes fincas de un solo dueño. Son miles de parcelas pequeñas, heredadas, partidas entre hermanos, a menudo lejos de quien las tiene a su nombre.
Muchos propietarios viven en Vigo, Madrid, Barcelona o en el extranjero. No es desidia: es distancia, tiempo y dinero. Limpiar una hectárea puede costar entre 400 y más de 2.000 euros, según si entra máquina o hay que hacerlo a mano. Y no se limpia una vez. El helecho, el toxo y la maleza vuelven. El que mantiene un souto o un carballeiro no cobra por el oxígeno que produce ni por el fuego que evita. Paga. La ley obliga a gestionar la biomasa.
Está bien que obligue: un monte abandonado es un polvorín junto a las casas. Pero una obligación sin ayuda se convierte en trampa. Multar al pequeño propietario y no ayudarle a cumplir es más fácil que diseñar un sistema que funcione. Las ayudas existen, sí. Hay líneas para silvicultura, para rehabilitar sotos de castaños, para reforestar. El problema es a quién llegan de verdad. Gran parte del dinero se reserva a comunidades de montes y a agrupaciones grandes. El particular que tiene dos hectáreas, vive fuera y tiene más de sesenta años —justo el perfil de quien todavía siente el monte como herencia y no como solar— se encuentra con papeles, registros, superficies mínimas y plazos que no encajan con su vida. Eso es un error de país.
Un monte limpio con plantas de la tierra no es solo “bonito”. Es prevención. Un carballeiro, un souto de castaños o un bosque mixto de especies atlánticas arde de otra manera que una masa continua de especies plantadas para crecer rápido y cobrar. Las frondosas de aquí dan sombra, humedad, setas, castaña, refugio a corzos y tejones, y cortan el combustible fino que hace que el fuego corra. Quien decide no llenar la finca de viña donde no toca, ni de lo que más rinde a corto plazo, está eligiendo paisaje y seguridad. Esa elección tiene un coste. Si el Estado y la Xunta quieren paisaje, agua, menos evacuaciones y menos agosto negro, tienen que pagar parte de ese coste.
No se trata de regalar dinero a quien deja el monte hecho un solar. Se trata de lo contrario: pagar a quien demuestra que lo cuida. Una subvención clara, anual o bianual, por hectárea mantenida con especies de la región, con desbroce hecho y con fajas de seguridad. Sin excluir por edad. Sin exigir que el dueño viva al lado. Con un trámite que se pueda hacer desde lejos. Y con prioridad para quien recupera castaños, carballos y bosque autóctono, no para quien solo busca la corta más rápida.
El cálculo es sencillo. Apagar un gran incendio, realojar vecinos, rehabilitar casas y regenerar suelo sale muchísimo más caro que ayudar a limpiar antes. En 2025 Galicia volvió a comprobarlo. Prevenir no es un gasto. Es la factura más barata.
Mi souto no salva el clima de Europa. Tampoco lo salva una finca sola. Lo que sí puede salvar el conjunto es una política honesta: el que genera oxígeno, belleza y cortafuegos vivos no puede seguir pagándolo solo. Quien hereda un monte en Galicia y decide conservarlo con plantas de aquí está sosteniendo un bien común. El Estado debería tratarlo como lo que es: un aliado, no un sospechoso.
